Pese a todas las reuniones entre miembros del CONAPLAN aprista y jefes de las Fuerzas Armadas y asesores militares velasquistas, el reaccionario gobierno aprista no ha mostrado hasta hoy su tan declamada "nueva estrategia antisubversiva"; llanamente no han hecho sino seguir la estrategia contrarrevolucionaria seguida por Belaúnde y a lo sumo dado más medios económicos, políticos y sociales, como más carta blanca a las Fuerzas Armadas para desarrollar una mayor guerra contrarrevolucionaria, con apoyo de las fuerzas policiales, en contra de la guerra popular que en el Perú sigue y seguirá ardiendo y expadiéndose.
El gobierno actual primero buscó ignorar la guerra popular pero ésta le reventó en el rostro con el genocidio de Aqomarca, responsabilidad que pretendió eludir destituyendo al entonces presidente del Comando conjunto de las Fuerzas Armadas; pero fue una farsa pues tal destitución, por divergencias sobre el ingreso de tropas yanquis a la Selva, ya estaba definida una semana antes, mientras que los otros cambios fueron dispuestos por los propios mandos militares. Sin embargo, recordemos que días antes de Aqomarca estuvieron en Ayacucho el general Jarama, entonces jefe de la II Región Militar, acompañado por cinco generales y ocho coroneles y teniente-coroneles; ¿a qué fueron?, obviamente a poner en marcha los planes acordadas por el Concejo de Defensa Nacional que preside el propio García Pérez. En cuanto a las investigaciones dispuestas quedaron en nada pese a todas las pruebas y, como viéramos, los genocidas Hurtado y Artaza premiados y tenidos como "héroes de la democracia"; así las supuestas destituciones e investigación, son dos partes de una misma maniobra para defender la imagen especialmente internacional del "señor presidente constitucional, jefe supremo de las fuerzas armadas y policiales", quien en las Naciones Unidas, en setiembre se jactaba actuando como pavorreal justiciero: "nuestra carta de presentación democrática ante el mundo es el respeto a la vida y al derecho de las personas. Nada justifica la tortura, la desaparición o la ejecución sumaria. La barbarie no debe combatirse con la barbarie". ¡Que cada quien confronte los dichos con los hechos!. Estas palabras se compaginan con lo que dijera el 28 de julio del 85, de ellas baste recordar a la titulada "Comisión de Paz", ¿para qué sirvió, qué hizo y, sobretodo, cómo terminó?, naufragando, como barco que desde el comienzo hacía agua, coparticipando en el último genocidio de junio; y a la dirigencia de IU, que pactara solemnemente la amnistía de sus seguidores presos, esperando hasta hoy que García cumpla el compromiso.
Siguió el genocidio de Lurigancho de octubre 85 tras el cual el reaccionario gobierno aprista montó la gran farsa de la "capitulación masiva de senderistas" en Llochegua y Corazón-Pata, provincia de La Mar, departamento de Ayacucho, incluso, como se difundió por todos los medios, se escenificó la entrevista del "jefe supremo" con "dirigentes rendidos" a quienes acogió en palacio, escena filmada desde lejos de la cual nadie escuchó nada ni vio la cara de nadie por las invocadas "comprensibles razones de seguridad". Mas el engendro fue rápidamente destripado al publicarse declaraciones del oficial de la marina que participó en el operativo que sirvió de punto de partida: "El mismo oficial al ser entrevistado por este corresponsal explicó que el centenar de personas, entre hombres, mujeres y niños, no se acercó a las bases de Corazón-Pata y Llochegua sino que fue reagrupado por los infantes de marina en las alturas de las serranías y conducidos posteriormente hacia ambas localidades. Cuando se le preguntó al teniente 'Aníbal' si los campesinos, al momento de entregarse portaban armas, respondió que no..."; según "La República" del 25/X/85, (el subrayado es nuestro). Esa fue la famosa patraña de la "capitulación".
No obstante, estos planes, acciones, genocidios y farsas eran parte de uno de los objetivos apristas contra la guerra popular, pues, como puede leerse en "El Nacional" del 18/V/85: "En los primeros cien días de su gobierno el Apra procurará derrotar al terrorismo. Ese es uno de los objetivos del plan de emergencia que forma parte del plan de gobierno del Apra, elaborado y aprobado por la Comisión Nacional del Plan de Gobierno (CONAPLAN)". Pero todos, maquinaciones y "objetivos", volaron por los aires al desatarse una nueva y contundente ofensiva de la guerra popular a fines del mismo año; viéndose obligado el propio Comando Conjunto, presidido por el Comandante general del ejército, general Guillermo Monzón Arrunátegui, el correspondiente de la marina de guerra, vice-almirante Víctor Nicolini y de la fuerza aérea, general Luis Abram Cavallerino y sus asesores, a viajar por varios días a Ayacucho, a comienzos de febrero del 86, ¿para qué? elementalmente para elaborar nuevos planes que fueran sancionados por el Concejo de Defensa Nacional encabezado por García Pérez, emprendiéndose por entonces nuevos operativos especialmente en la zona del comando político-militar N°5; y la guerra revolucionaria se desarrolló más golpeando también violenta y duramente en la propia capital.
Es dentro de este marco general y el específico del plan de genocidio llevado desde años atrás contra los prisioneros de guerra, y en la perspectiva del cumplimiento del primer año de la gestión aprista y la celebración del el congreso de la llamada "Internacional Socialista", de la cual García Pérez buscaba más alto trampolín para encumbrarse como "dirigente tercermundista" y fortalecer su gobierno internacionalmente, pretendiendo contrapesar los fracasos de sus planes políticos y militares dentro del país y los reveses de su política internacional, que debe encuadrarse el genocidio de junio; añadiéndose a este marco las sistemáticas provocaciones que se intensificaron contra los prisioneros de guerra, no sólo negándose las actas arrancadas al gobierno belaundista sino al mismo gobierno aprista, a éste el 31 de octubre del 85, en las cuales se reconocían la condición de "presos especiales" y un conjunto de derechos, correspondientes a los que garantizan no solamente la legislación internacional suscrita por el Estado Peruano sino su propia Constitución y leyes pertinentes, actas y derechos conquistados y defendidos con firmes y tenaces luchas, pues no hay otra forma verdadera y real de hacerlo; provocaciones que también implicaron incursiones de la marina de guerra en El Frontón, vuelos de reconocimiento sobre el mismo penal, a más de las ejercidas contra los familiares y los defensores de los prisioneros de guerra; las amenazas de muerte y las golpizas cuando se traían a los prisioneros a ser juzgados; a más de la campaña reiniciada por el traslado al nuevo campo de concentración de Canto Grande y las declaraciones de autoridades penitenciarias sobre el mismo, y la aprobación por el parlamento del regreso de los prisioneros a las cárceles de sus lugares de origen, ley cuya promulgación posponía García. Todo este cuadro debe tenerse muy en cuenta y ver claramente que el plan de genocidio apuntaba a su aplicación en mayor escala, por uno u otro medio, buscando el gobierno aprista y las fuerzas armadas reaccionarias el momento políticamente más favorable a sus fines: fortalecer la llamada "democracia" y su gobierno aprista, particularmente a García Pérez y golpear la guerra popular. Es dentro de este contexto político de aguda lucha de clases y desarrollo de la lucha armada que dirige el Partido y en general, dentro de la perspectiva de la lucha entre revolución y contrarrevolución, principalmente armada que se libra más de siete años, que los prisioneros de guerra se rebelan; respondiendo el reaccionario Estado Peruano, bajo la dirección política de García Pérez y su gobierno y a través de sus Fuerzas Armadas y Policiales, con un genocidio de exterminio que ha repercutido mundialmente con la horrorizada condena del bárbaro genocidio derrumbando como castillo de arena el pregonado prestigio internacional de García Pérez, e internamente generando la más grande crisis del gobierno aprista hasta hoy, agudizando las contradicciones en la propia reacción, removiendo las instituciones particularmente políticas y especialmente a la IU cuya cabeza, el aprista Barrantes, con su propuesta del archirreaccionario "frente antiterrorista", se ubicó como cómplice, y que estremeció a las masas populares, al pueblo cuya condenación será imborrable; así los genocidas reiterados e impenitentes han cosechado el repudio mundial y una crisis política que no logran aplacar y cuyas repercusiones serán de larga perspectiva.
Por otro lado, además debemos buscar que la verdad se abra paso y los hechos queden históricamente registrados tal cual realmente han sido; como a nadie escapa, los episodios vividos son ya parte imborrable de nuestra historia, sirvamos, pues, a que a las generaciones futuras lleguen nítidos e imperecederos. La cuestión es dejar bien sentado, en primer lugar, la responsabilidad de Alan García y la dirección del partido aprista, el concejo de Ministros, el Comando Conjunto, las fuerzas armadas y las fuerzas policiales; es evidente que la responsabilidad política principal recae en Alan García en primer lugar, pues, a más de desempeñarse como presidente es jefe supremo de las fuerzas armadas, siendo él y su Concejo de Ministros quienes dispusieron la acción genocida hasta el exterminio y ejecutada fundamentalmente por las fuerzas armadas bajo dirección del Comando Conjunto con el apoyo complementario de las fuerzas policiales.
En segundo lugar, que la dirección de la IU y principalmente Barrantes, el aprista que encabeza esa organización, son corresponsables y especialmente el alcalde es cómplice en cuanto su propuesta del llamado "frente antiterrorista" sirvió innegablemente a que se dispusiera la acción genocida.
En tercer lugar, que es de conocimiento general que los dirigentes de los partidos políticos así como la Iglesia fueron comunicados de la situación y medidas a tomar, saltando una pregunta ¿qué es lo que hicieron?, ¿su silencio no implica coparticipación y en algunos complicidad?.
En cuarto lugar, que no se puede consentir las arteras tergiversaciones y hasta infames imputaciones que han sido vertidas por diversos medios y órganos de difusión, entre los cuales no puede menos que causar extrañeza y repudio las difundidas por el semanario "Amauta", ¿así se sirve al pueblo o se defiende a la reacción?; las divergencias o contraposición que se pueda tener, en modo alguno, puede convertirse en vil bajeza, máxime tratándose de combatientes capaces de dar sus vidas por sus ideas lo que a todo hombre simplemente de bien no puede merecerle menos que respeto.
En quinto lugar, que este genocidio de exterminio es innegablemente un hito en la lucha de clases del país y su repercusión ha generado la más grande crisis del actual gobierno aprista hasta hoy, conmocionando nacional e internacionalmente; muestra la caducidad del sistema social imperante y la incontrovertible necesidad de derrumbarlo cabal y completamente, cualquiera sea el tiempo que demande, porque históricamente es una necesidad ya madura y, además, y muy destacable, ha hecho saltar la falsa careta "nacionalista", "democrática" y "popular" del aprismo y de quien funge de presidente mostrándonos, a todos los que realmente queramos ver la esencia de las cosas: el camino fascista y corporativo que ha comenzado a transitar y en el cual se desenvolverán.
Finalmente, que la acción armada que desde el 80 se desenvuelve, aunque algunos no la quieran ver por las razones que fuere, nos demuestra palmariamente que en forma pujante y creciente se desarrolla una guerra popular, como ardorosa expresión de lucha de clases e innegablemente sustentada en las masas pues de otra manera sería inexplicable su persitencia; guerra popular dirigida por el Partido Comunista del Perú sirviendo al marxismo-leninismo-maoísmo la invicta ideología del proletariado a cuya emancipación, como la del pueblo, sirve dentro de la revolución mundial; y que el genocidio perpetrado en las Luminosas Trincheras de Combate de El Frontón, Lurigancho y el Callao contra militantes del Partido, combatientes del Ejército Guerrillero Popular e hijos de las masas que bregaban más cercanamente con nosotros, es parte indesligable de nuestra guerra popular y más aún un hito de la misma y con su rebelión han construido un monumento que siempre guardaremos como el Día de la Heroicidad, estampando entre otros los imborrables nombres de nuestros camaradas David Javier Guevara Torres (Alejandro) y Victor Felipe Vidal Mariño (José).
En cuanto a antecedentes del genocidio, debemos considerar las diversas luchas habidas en las LTC, pero dentro de ellas, la lucha conjunta del 13 de julio 85 en que se consiguió la primera Acta, el genocidio del cuatro de octubre del mismo año y su corolario la del 31 del mismo mes, que permitió arrancar la segunda Acta al gobierno aprista, merecen ser destacadas. En lo referente a hechos se necesita una buena cronología de los hechos del 18 y del 19; además, la tendencia general es a resaltar los hechos de Lurigancho, pero, si bien no negamos su trascendencia, es muy importante destacar los de El Frontón pues su ocultamiento está encubriendo la responsabilidad de la Marina de Guerra, institución que ha ejecutado un siniestro genocidio y que con protervo ensañamiento lo prosigue hasta hoy con la desaparición de los cadáveres de los héroes caídos y secuestro y desaparición de sobrevivientes; reiteramos la responsabilidad del Ejército en Lurigancho y la pretensión de inculpar a la Guardia Republicana como chivo expiatorio, ésta tiene corresponsabilidad pero no la principal. Es también conveniente resaltar las Actas de las autoridades judiciales y penitenciaras que habiendo iniciado tratativas para resolver la situación surgida, declinaron sus responsabilidades al ser desconocidas para después ser sustituidas por miembros del cuerpo jurídico militar; asimismo merece aclarar el papel de la llamada "Comisión de Paz" que manipulada o concientemente sirvió a montar la farsa de una inexistente mediación. En cuanto a la situación posterior al genocidio es clave analizar las intervenciones de García Pérez ante la Internacional Socialista, en la televisión y sobretodo su pantomima de Lurigancho; sabedor de los hechos desde el comienzo ha montado toda una histriónica demagogia buscando encubrir, engañar y principalmente salvar su imagen; también, resaltar que la ausencia inicial de Alva Castro no lo exime, en modo alguno, de la responsabilidad que tiene siendo presidente del Consejo de Ministros más aún si estuvo presente en Lurigancho y, completo conocedor de los hechos, ladinamente guarda silencio para eximirse de responsabilidad; asimismo Gonzáles Posada, el entonces ministro de justicia, es otro de los directos responsables pero arteramente hasta ha renunciado invocando falaces razones de "ética", recordemos un solo hecho, que después de los sucesos de sangre del 15 de enero 86 él dijo que los imputados por «terrorismo» no serían llevados a Canto Grande pero con su "renuncia" pretende guardar su imagen para el futuro. A partir de estas responsabilidades políticas, es evidente, la responsabilidad del general Monzón Arrunátegui presidente del Comando Conjunto, del vice-almirante Nicolini y del general Abram Cavallerino, miembros del mismo organismo y del ejército, la marina de guerra y de la fuerza aérea, principalmente de los jefes de los operativos y la responsabilidad complementaria de las fuerzas policiales, también especialmente la responsabilidad de sus jefes, esto en cuanto, acorde con la concepción genocida de exterminio que les han enseñado sus amos yanquis planificaron, organizaron y ejecutaron el genocidio de exterminio violando incluso elementales leyes de guerra consagradas universalmente como las de Ginebra. Asimismo, es indispensable analizar la actuación de la Comisión Permanente del Congreso la que es un hecho de interés público, que abiertamente debió ventilarse, mañosamente lo ha convertido en un problema secreto y más aún lo ha diferido para ser tratado en el próximo Parlamento, muy esclarecedor es ver la actuación de los diversos partidos que la componen, muy especialmente de la IU cuyo documento presentado, en esa Comisión, condena a quienes se rebelaron en defensa de la revolución y de sus vidas y convierten los derechos de los deudos en dádivas humanitarias que hay que mendigar.
Finalmente debemos denunciar ante el proletariado y los pueblos del mundo el papel jugado, en este genocidio por la llamada "Internacional Socialista"; recordar sus orígenes derivados del viejo revisionismo, aquellos que en la I Guerra Mundial defendieron a sus burguesías e invocando la "defensa de la patria" llevaron a las masas a ser carne de cañón en esa primera gran guerra imperialista de rapiña, oponiéndose a la gran tesis de Lenin de convertir la guerra imperialista mundial en guerra revolucionaria que firmemente aplicada triunfó sobre los renegados concretando la Gran Revolución de Octubre; tener presente la labor contrarrevolucionaria de la socialdemocracia que con Ebert a la cabeza, unido a los explotadores y al militarismo alemán sofocó a sangre y fuego la revolución alemana y socavó la revolución en toda Europa; para hundiéndose más en el cretinismo parlamentario devenir en uno de los puntales del imperialismo y bombero de los ímpetus revolucionarios del proletariado y del pueblo; para, desde los años cincuenta, arrancando los pocos términos marxistas que aún mantenían como formas vacias de contenido, cual secas hojas de parra para seguir traficando, desenvolverse como partidos socialdemócratas al servicio principalmente del imperialismo europeo, apuntando en las últimas décadas al servicio de sus amos, a extender su influencia a nivel mundial particularmente a América Latina, de ahí su afán propio de tomar a Lima como sede de su congreso. Denunciar principalmente a su capitoste Willy Brandt por su sucia y miserable defensa de García Pérez, pretendiendo exculparlo de su responsabilidad de gran genocida y a la vez enlodar la guerra popular que se libra en el país; asimismo a Carlos Andrés Pérez, figurón sangriento que también a sangre y fuego, como sus antecesores, aplastó la lucha armada venezolana y que hoy fungiendo de demócrata ha sido el gran defensor del genocida García y del partido aprista. Así, la autoproclamada "Internacional Socialista" al querer servir de biombo al genocidio de junio, no ha hecho otra cosa que seguir bañándose con la sangre del proletariado y del pueblo y en esta ocasión con la del proletariado y el pueblo peruanos en las centenas de sus hijos bárbaramente aniquilados; pero al hacerlo socavó su congreso que transcurrió totalmente entre tumbos y sobresaltos derivados de la conmoción generada por el genocidio que pretendía encubrir, agudizando sus propias contradicciones intestinas para, al final, acabar sin pena ni gloria y entre gallos y medianoche en medio del desconcierto de cambios de agenda, de reuniones, suspensión de confraternizaciones y hasta adelanto de su clausura; todo esto pese a los miles de soldados y policías que resguardaron su cuartel de reunión. De esta manera, la rebelión y el aniquilamiento subsiguiente sirven a desenmascarar una vez más la larga y negra historia de la reptante "Internacional Socialista", con una cruenta, estremecedora y reciente lección que nos muestra patentemente su esencia proimperialista y reaccionaria.
Después de su genocidio de exterminio, García Pérez ha pretendido con grandes avisos en los diarios más importantes del mundo lavarse las manos para siempre ensangrentadas y limpiar su figura apuntando a rehacerla, lo que ha costado al pueblo peruano 8 millones de dólares, pero será en vano; y hoy prosigue esta labor mintiendo cínica y escandalosamente en "entrevistas" publicadas en periódicos extranjeros, como en "El Nacional" de Caracas, donde dice: "No. La Marina, (en El Frontón) sólo ayudó con explosivos para abrir boquetes"; o refiriéndose a los fusilamientos de prisioneros de guerra en Lurigancho, afirma: "Eso es lo que hemos denunciado. Hemos detenido cien prisioneros por ese crimen que están en este momento en una cárcel común". Sin embargo, teniendo presente la derrota política que ha sufrido por sus propios graves errores tanto o más grandes que su envanecimiento, expresa, usando manidos conceptos de Belaúnde y otros, el odio que la revolución le engendra: "'Sendero Luminoso' es una explosión anárquica, cruel, polpotiana, y por eso yo soy furiosamente anti-'Sendero Luminoso´", como dijo recientemente al "Newsweek", semanario norteamericano. La cuestión de fondo, tras toda esta hojarasca demagógica es clara y concreta: que la guerra popular es el problema principal que enfrenta el Estado Peruano y su gobierno reaccionario aprista como nítidamente dijo el "Señor presidente constitucional y jefe supremo de las fuerzas armadas y policiales": "el primer obstáculo para nuestra democracia es la violencia subversiva", mensaje de julio del 86; en el cual, además, sabiendo muy bien quién sostiene el Estado reaccionario y a él mismo, por enésima vez en los últimos tiempos vuelve a reiterar: "Y aquí mi saludo y pleno respaldo a las instituciones de la Fuerza Armada que actúan en leal respeto y obediencia al gobierno constitucional Y a las instituciones policiales..." (ambos subrayados son nuestros).
"El proletariado hace el nuevo estado a su imagen y semejanza"
Pte. GONZALO